Ejecución de sentencias de la Unión Europea en España

Ejecución de sentencias de la Unión Europea en España

Cuando un tribunal extranjero dicta una resolución, puede ocurrir que a las personas implicadas en el proceso les interese instar su ejecución en España. Esto es posible, pero en muchos casos será preciso el previo reconocimiento de la resolución en nuestro país, para posteriormente proceder a su ejecución. Este procedimiento se llama “exequatur”. 

Sin embargo, desde una época reciente, las sentencias dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea tienen un tratamiento diferente y privilegiado que hace innecesario el paso previo del reconocimiento de la resolución.

Veamos en qué consiste.

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Validez de las sentencias extranjeras en España

Según cuál sea el país de origen donde se dictó la resolución judicial o sentencia, su efectividad en España será diferente, tal y como indica el artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  • Si se ha dictado en un Estado miembro de la Unión Europea, conforme a la legislación europea, se considera válida en España sin más trámite.
  • Si se dictó en un país extranjero no perteneciente a la Unión Europea, será necesario un procedimiento previo de reconocimiento en nuestro país, llamado exequatur, de acuerdo con lo establecido por los tratados internacionales que sean de aplicación y la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. A partir de ese reconocimiento, podrá instarse su ejecución por tribunales españoles.

La situación de Reino Unido es particular, ya que ha pasado de pertenecer a la Unión Europea a salir de ella (con el llamado “Brexit”), y, por tanto, en este momento coexisten sentencias dictadas bajo la situación anterior con las dictadas según la regulación vigente.

En ese caso, si la sentencia se dictó antes del 1 de enero de 2021, no se precisa un procedimiento de exequatur para que pueda ser ejecutada en España, mientras que si se trata de una sentencia posterior a esa fecha, habrá que proceder primero a su reconocimiento en este país.

El reconocimiento de sentencias de la UE desde el Reglamento (UE) 1215/2012

Antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 1215/2012 en el año 2015, para que una sentencia dictada en un Estado miembro de la Unión Europea pudiera ser ejecutada en España, tenía que pasar por el mismo procedimiento de reconocimiento reservado a las sentencias de terceros países, es decir, de países no pertenecientes a la Unión Europea. Operaba en estos casos también la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Sin embargo, la promulgación del Reglamento Europeo nº 1215/2012 cambió radicalmente el panorama, ya que otorga un reconocimiento automático a las sentencias de Estados miembros en nuestro país y las convierte en directamente ejecutables, sin ningún trámite intermedio ni procedimiento especial alguno.

Lógicamente, el Reglamento también supone que cualquier sentencia dictada en España pueda ser directamente ejecutable en otro estado de la Unión.

El Reglamento (UE) nº 1215/2012 sustituye al Reglamento (CE) nº 44/2001 (Reglamento Bruselas I), salvo para los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor, ya que, en esos casos, sigue vigente la normativa anterior.

Es aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluida Dinamarca desde 2005, fecha en la que se celebró el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil.

El reconocimiento de sentencias de la UE para materias específicas

Posteriormente al Reglamento (UE) 1215/2012 entraron en vigor otros Reglamentos de la UE para materias específicas, como son los procesos en materia de familia o los procesos monitorios:

¿Qué sentencias de la UE son directamente ejecutables en España?

No todas las sentencias gozan de esa ejecutividad directa en España y en el resto de los Estados miembros, sino que su ámbito está restringido a las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y no a todas.

El artículo 1 del Reglamento establece el ámbito de aplicación, en virtud del cual, se excluyen expresamente las siguientes materias: 

  • Materia fiscal, aduanera o administrativa o la relacionada con la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad.
  • El estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable, que reciben su regulación específica en el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, como ya se ha explicado, y por tanto también gozan de ese tratamiento privilegiado.
  • La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos.
  • La Seguridad Social.
  • El arbitraje.
  • Las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad.
  • Los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte.

También quedan fuera de su ámbito de aplicación las resoluciones relativas a los procedimientos monitorios, ya que, al igual que los procesos de familia, tienen una regulación específica e igualmente privilegiada.

Para todas las resoluciones incluidas en su ámbito de aplicación, regirán las siguientes normas procedimentales:

¿Ante qué órgano hay que solicitar en España la ejecución de una sentencia de la Unión Europea?

El órgano competente para conocer del procedimiento será el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado o bien del lugar en que se encuentren los bienes cuyo embargo se pretenda con el procedimiento de ejecución de sentencia europea.

El artículo 26.2 del Reglamento 1215/2012 prevé para determinados asuntos la posibilidad de que el propio órgano judicial español se asegure de que el demandado sea informado de su derecho a impugnar su competencia y de las consecuencias de comparecer o no en el procedimiento.

Para poner en marcha el procedimiento será necesario aportar los siguientes documentos (artículo 37 del Reglamento):

  • Una copia de la resolución que se desea ejecutar. La resolución debe reunir los requisitos para considerarse auténtica y además, deberá presentarse acompañada de una traducción (artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Un impreso de solicitud al que el Reglamento se refiere en su artículo 53 con el nombre de “Certificado relativo a una resolución en materia civil y mercantil”, y que se adjunta en la norma como Anexo I. En él habrá que hacer constar la identificación del demandante y el demandado, el órgano que dictó la resolución, el contenido de la resolución y el importe a pagar por el demandado como resultado de la condena.
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