El exequatur de divorcio en España explicado

Exequatur de divorcio en España

Cuando una sentencia ha sido dictada en un país extranjero, no siempre puede ser reconocida y ejecutada directamente en España, sino que, según cuál sea la materia sobre la que versa y cuál haya sido el país de origen, a menudo precisa ser sometida a un procedimiento previo de reconocimiento denominado “exequatur”. 

A continuación vamos a analizar el caso del reconocimiento y ejecución en España de las sentencias extranjeras en materia de divorcio. 

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¿Qué es el exequatur?

Se denomina exequatur al procedimiento especial previsto para homologar actos y resoluciones dictados por autoridades extranjeras y declararlos ejecutivos en los tribunales.

En España, no todas las resoluciones judiciales extranjeras tienen el mismo tratamiento. Dependiendo de en qué país se haya dictado y de qué materia se trate, la resolución podrá tener fuerza ejecutiva directa en España o no.

Si no la tiene, precisará ser sometida previamente a un procedimiento de reconocimiento ante nuestros tribunales (exequatur), y una vez reconocida, será ejecutable en nuestro país.

¿Cuándo es preciso el exequatur para las sentencias extranjeras de divorcio?

Para entender cuándo se precisa el procedimiento de exequatur, hay que acudir a la legislación vigente que regula el reconocimiento de las resoluciones judiciales extranjeras en España.

Con anterioridad a 2015, existía un tratamiento único para todas las resoluciones judiciales, sin importar cuál fuera el país de origen del órgano judicial, por el que se aplicaban los tratados internacionales y acuerdos de reciprocidad que existieran en cada caso.

Sin embargo, en 2015 entró en vigor el Reglamento (UE) nº 1215/2012, por el que se reconoce la validez y la ejecutividad inmediata en territorio español para determinadas sentencias dictadas en los Estados miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, el Reglamento solo es aplicable para resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de las cuales se excluyen expresamente las que se enumeran en el artículo 1, entre ellas, las relativas al “estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable”.

Esto no significa que las sentencias de divorcio dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea requieran exequatur. Al contrario, estas sentencias también tienen fuerza ejecutiva directa en España, pero son objeto de una regulación específica en otro Reglamento de la Unión Europea: el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores.

Por tanto, solo las sentencias de divorcio dictadas en un país que no sea miembro de la Unión Europea requieren del procedimiento de exequatur para su reconocimiento y ejecutividad en España.

En este caso, la legislación aplicable la encontramos en los tratados internacionales que existan entre el estado de origen y España y la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Así, en virtud de la Ley 29/2015, las sentencias de divorcio dictadas en el extranjero podrán ser reconocidas y ejecutadas en España, aunque podrá denegarse el procedimiento en los casos recogidos en el artículo 46:

  • Si la sentencia es contraria al orden público.
  • Si se dictó con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. También si se dictó en rebeldía sin entregar al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente.
  • Si en esa materia eran competentes exclusivamente los tribunales españoles o si, en otra materia, la competencia del juez de origen no obedece a una conexión razonable.
  • Si la resolución fuera incompatible con una resolución dictada en España, o con otra dictada en otro Estado que reúna las condiciones para su reconocimiento en España.
  • Si se ha iniciado con anterioridad un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, y aún existe.

Si se cumplen los requisitos para que la sentencia de divorcio pueda ser objeto de un procedimiento de reconocimiento en España, habrá que tener en cuenta que ese procedimiento no entrará a revisar el contenido de la sentencia extranjera ni si se dictó correctamente de acuerdo a las leyes españolas (artículo 48 de la Ley 29/2015).

Requisitos para reconocer una sentencia extranjera de divorcio en España

Además de no encontrarse en ninguno de los casos enumerados en el apartado anterior, por los que puede denegarse el procedimiento, la sentencia debe reunir los siguientes requisitos para poder instar el procedimiento de exequatur:

  • Debe tratarse de una sentencia firme.
  • Se debe haber dictado en un procedimiento contencioso o en uno de jurisdicción voluntaria (los recogidos en el artículo 90 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y que están relacionados con la administración de los bienes gananciales y la intervención de los jueces en caso de desacuerdos entre los cónyuges).
  • Solo cabe el reconocimiento y ejecución de medidas cautelares y provisionales, en su caso, cuando con su denegación se vulnere la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte contraria.

Si la sentencia de divorcio era ejecutiva en el Estado de origen, será ejecutable también en España una vez obtenga el exequatur o reconocimiento legal en España (artículo 50).

Procedimiento de exequatur de una sentencia de divorcio en España

Para instar el procedimiento de exequatur de una sentencia de divorcio extranjera en España, y su posterior ejecución, se requiere la intervención de abogado y procurador, y se inicia por interposición de una demanda ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o de la persona a quien se refieren los efectos de la sentencia.

La demanda deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos

  • El original o copia auténtica de la resolución extranjera, legalizados y apostillados, en su caso, es decir: con la apostilla de La Haya o sello oficial que certifica la autenticidad del documento (aplicable a los Estados firmantes del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961).
  • Si la sentencia se dictó en rebeldía, el documento que acredite que se entregó o notificó la cédula de emplazamiento o equivalente.
  • Cualquier documento que acredite la firmeza y fuerza ejecutiva de la sentencia en el Estado de origen.
  • Las traducciones de los documentos al idioma español (artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En cuanto al procedimiento, se caracteriza por los siguientes puntos: 

  1. Se podrán acumular la demanda de reconocimiento (demanda de exequatur) y la demanda de ejecución en el mismo procedimiento.
  2. Cabe la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
  3. La demanda tendrá el contenido exigido por la legislación española para cualquier demanda (artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  4. El letrado de la Administración de Justicia examinará la demanda y los documentos presentados, y dictará un decreto admitiéndola y dando traslado al demandado para que se oponga en el plazo de 30 días.
  5. Si hiciera falta completar la documentación, antes de admitir se concederá un plazo de 5 días al demandante para hacerlo.
  6. Además, en caso de que se apreciara algún defecto procesal o causa de inadmisión, el letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión en un plazo de 10 días.
  7. En todo caso, se requerirá la intervención del Ministerio Fiscal.
  8. Por último, en un plazo de 10 días más, el juez resolverá mediante auto lo que proceda. El auto se inscribirá en el Registro Civil Central.

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