¿Es obligatoria la asistencia de un abogado para tramitar un exequatur?

¿Es obligatoria la asistencia de un abogado para tramitar un exequatur?

Por medio del procedimiento de exequatur, una resolución extranjera adquiere el reconocimiento de su validez por parte de los tribunales españoles, y puede ser posteriormente ejecutada en España.

Se trata de un procedimiento en el que la ley establece la necesidad de actuar asistido por un abogado.

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¿Es necesaria la intervención de un abogado para tramitar un exequatur en España?

El exequatur es un procedimiento de reconocimiento legal reservado a las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales de estados no pertenecientes a la Unión Europea, y que encuentra su regulación en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

La tramitación seguirá los cauces establecidos en el artículo 54 de la ley, el cual indica expresamente que “las partes deberán estar representadas por procurador y asistidas de letrado” (artículo 54.1).

En cualquier caso, se trata de una materia compleja para la que es conveniente contar desde el primer momento con el asesoramiento de un abogado especializado en exequatur. El abogado se encargará de orientarnos acerca de los pasos a dar y de la forma de obtener la documentación requerida, entre otras cosas, además de anticiparse a los obstáculos que puedan surgir en el procedimiento.

¿En qué consiste el procedimiento de exequatur?

El procedimiento, para el cual es preceptiva la intervención de abogado y procurador, como hemos visto, se inicia con una demanda presentada ante el juzgado de primera instancia del domicilio de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución. En su defecto, ante el del lugar de ejecución o el lugar donde la resolución debe cumplir sus efectos. En ausencia de los anteriores, será competente el mismo juzgado ante el que se presente la demanda.

La demanda deberá cumplir los requisitos generales que establece el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las demandas civiles.

Además, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

  • El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizada y apostillada.
  • Un documento que acredite que no hubo indefensión en el procedimiento, es decir, que se entregó al demandado la notificación o cédula de emplazamiento, si la resolución fue dictada en rebeldía.
  • El documento que acredite la firmeza de la resolución y su fuerza ejecutiva, en su caso.
  • Las traducciones oficiales de los documentos al idioma español o al cooficial de la comunidad autónoma en que se tramite el procedimiento.

El juez valorará si es necesaria la notificación a la otra parte, que puede que se encuentre en el extranjero, en cuyo caso el trámite se hará a través de la embajada de España en aquel país o de los tribunales extranjeros directamente.

Una vez notificado, tendrá 30 días para presentar escrito de oposición, si lo desea, al que habrá de acompañar los documentos necesarios para impugnar la autenticidad de la resolución, su firmeza o fuerza ejecutiva o la corrección del emplazamiento que se le haya practicado, según el caso.

Tras todo lo actuado, el juez dictará un auto aprobando o denegando el exequatur. Si se aprueba, la resolución ya será ejecutable en España y se podrá inscribir en los registros correspondientes.

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