¿Qué es el exequatur y cuándo se aplica?

¿Qué es el exequatur y cuándo se aplica?

Las resoluciones judiciales extranjeras deben obtener el exequatur para tener efectos jurídicos en España. A continuación explicamos, detalladamente, en qué consiste este procedimiento.

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¿Qué es el exequatur?

El exequatur es un procedimiento judicial a través del cual se reconoce una resolución judicial firme ante los tribunales españoles, pudiendo producir efectos jurídicos en España. También permite autorizar la ejecución de dicha resolución judicial en este país.

Igualmente, el exequatur sirve para declarar que una resolución extranjera no es susceptible de ser reconocida en España por incurrir en alguna de las causas de denegación legalmente previstas.

Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en el exequatur son los siguientes:

  • La resolución extranjera homologada no podrá ser revisada en cuanto al fondo. Particularmente, no se podrá denegar el reconocimiento porque el órgano judicial haya aplicado un ordenamiento diferente al que hubiera correspondido conforme a las reglas del Derecho Internacional privado español.
  • En aquellos casos en los que la resolución extranjera se haya pronunciado sobre varias pretensiones y no se pueda reconocer el fallo en su totalidad, se podrá conceder el reconocimiento para uno o varios de los pronunciamientos de dicha resolución (reconocimiento parcial).

¿Dónde se regula el exequatur?

En España, el exequatur se regula principalmente en el Título V de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que va del artículo 41 al 61 de dicha ley.

Además, el exequatur está regulado también en las siguientes leyes:

¿Qué tipo de resoluciones judiciales se pueden reconocer a través del exequatur?

Son susceptibles de reconocimiento y ejecución a través del procedimiento del exequatur las siguientes resoluciones judiciales:

  • Las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso.
  • Las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Y, además:

  • Son susceptibles de ejecución los documentos públicos extranjeros en los términos previstos en los artículos 56 y 57 de la Ley 29/2015, es decir:
    • Podrán ser ejecutados en España si son ejecutables en su país de origen y no resultan contrarios al orden público.
    • Deben tener al menos la misma o equivalente eficacia que los expedidos u autorizados por autoridades españolas.
    • Los notarios y funcionarios públicos españoles, en caso de que sea necesario para la correcta ejecución de documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras, podrán adecuar al ordenamiento español las instituciones jurídicas desconocidas en España, sustituyéndolas por otra u otras que tengan en nuestra legislación efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares. Cualquier interesado podrá impugnar la adecuación efectuada directamente ante un órgano jurisdiccional.
  • Solo son susceptibles de reconocimiento y ejecución las medidas cautelares y provisionales en aquellos casos en los que su denegación suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hayan adoptado previa audiencia de la parte contraria.

¿Cuáles son las causas para la denegación del exequatur?

No se reconocerá una resolución extranjera firmes si se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

  1. Es contraria al orden público.
  2. Se ha dictado infringiendo de forma manifiesta los derechos de defensa de cualquiera de las partes. En caso de que la resolución se haya dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiese defenderse.
  3. Se ha pronunciado sobre una materia sobre la cual fuesen exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la competencia del juez de origen no obedeciese a una conexión razonable. Se presumirá que existe una conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiese basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.
  4. Es inconciliable con una resolución dictada en España.
  5. Es inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.
  6. Existe un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado antes que el proceso en el extranjero.

Por otro lado, las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán si son contrarias al orden.

¿Cómo se ejecuta una resolución judicial a través del exequatur?

A la hora de ejecutar una resolución judicial que haya obtenido el exequatur en España, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo lo relativo a la caducidad de la acción ejecutiva.

Hay que tener en cuenta, además, que se puede solicitar la ejecución parcial de una resolución. Todo ello resultará de aplicación también a las transacciones judiciales extranjeras reconocidas.

¿Cómo es el procedimiento judicial de exequatur?

Las fases del procedimiento judicial de exequatur son las siguientes:

Demanda

El proceso comienza mediante demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo. 

Los aspectos a tener en cuenta en esta fase son los siguientes:

  • Las partes tendrán que estar representadas por procurador y asistidas por abogado.
  • Se pueden acumular en el mismo escrito la demanda de exequatur y la solicitud de ejecución, aunque no tendrá lugar la ejecución hasta que exista una resolución que decrete el exequatur.
  • Puede solicitarse la adopción de medidas cautelares, conforme a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aseguren la efectividad de la tutela judicial pretendida.
  • La demanda se dirigirá contra la parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera.

La demanda tendrá que ajustarse a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e irá acompañada de:

  • El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.
  • El documento que acredite, en caso de que la resolución se dictara en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente.
  • Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley aplicada por el tribunal de origen.
  • Las traducciones que correspondan conforme al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Examen de la documentación

La demanda y la documentación presentada serán examinadas por el letrado de la Administración de Justicia, que tendrá que dictar decreto admitiendo la demanda y dando traslado de la misma al demandado para que se oponga en un plazo de 30 días.

El demandado puede acompañar al escrito de oposición aquellos documentos, entre otros, que den la posibilidad de impugnar la autenticidad de la resolución extranjera, la corrección del emplazamiento al demandado, la firmeza y la fuerza ejecutiva de la resolución.

Sin embargo, si el letrado de la Administración de Justicia aprecia la falta de subsanación de un defecto procesal o de una posible causa de inadmisión, conforme a las leyes procesales españolas, dará cuenta al órgano jurisdiccional para que resuelva en un plazo de 10 días sobre la admisión:

  • en los casos en que estime falta de jurisdicción o de competencia;
  • o cuando la demanda adolezca de defectos formales o la documentación sea incompleta y no se hayan subsanado por el actor en el plazo de 5 días concedido para ello por el letrado de la Administración de Justicia.

Resolución

Una vez formulada la oposición, o habiendo transcurrido el plazo para ello sin que se haya formalizado la misma, el órgano jurisdiccional resolverá lo procedente a través de auto, en un plazo de 10 días.

En estos procesos intervendrá siempre el Ministerio Fiscal, dándosele traslado de todas las actuaciones a estos efectos.

Recurso

Solo se puede interponer recurso contra el auto de exequatur conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En caso de que el auto recurrido sea estimatorio, el órgano jurisdiccional podrá suspender la ejecución, o hacer que esta quede sujeta a la prestación de la oportuna caución.

Cuando se trate de una resolución dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, la parte legitimada podrá interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Competencia en el procedimiento judicial de exequatur

Son competentes para conocer de las solicitud de exequatur los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la cual se solicita el reconocimiento o ejecución, o de las personas a la que se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera.

De forma subsidiaria, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución tenga que producir sus efectos. En último caso, será competente el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur.

En el caso de los Juzgados de lo Mercantil, la competencia para conocer de las solicitudes de exequatur de resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias de su competencia se determinará conforme a los criterios anteriores.

Cuando la parte contra la que se inste el exequatur esté sometida a proceso concursal en España y el objeto de la resolución extranjera sea algunas de las materias competencia del juez del concurso, la competencia para conocer de la solicitud de exequatur corresponderá al juez del concurso y se sustanciará por los trámites del incidente concursal.

En todo caso, corresponderá al órgano jurisdiccional español controlar de oficio la competencia objetiva para conocer de estos procesos.

Asistencia jurídica gratuita en el procedimiento judicial de exequatur

En el proceso de exequatur, las partes en el proceso pueden solicitar las prestaciones que puedan corresponderles conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Inscripción en Registros Públicos

Tanto el procedimiento registral, como los requisitos legales y los efectos de los asientos registrales están sometidos, en todo caso, a las normas del Derecho español.

Si la resolución o el documento público extranjero ordena medidas o incorpora derechos desconocidos en Derecho español, el registrador la adaptará, en la medida de lo posible, a una media o derecho que esté previsto o sea conocido en el ordenamiento jurídico español, con efectos equivalentes y  que persiga una finalidad e intereses similares.

No obstante, esta adaptación solo tendrá los efectos previstos en el Derecho del Estado de origen. El registrador comunicará al titular del derecho o medida la adaptación a realizar, de forma previa a la inscripción, y cualquier interesado podrá impugnar la adaptación directamente ante un órgano jurisdiccional.

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